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El verraco del puente romano o toro de Salamanca

El verraco del puente romano o toro de Salamanca por José-Tomás Velasco Sánchez, doctor en Historia del Arte

Durante la primera guerra carlista, en 1834, José Cambronero, gobernador civil de Salamanca, ordenó derribar y destruir todos los verracos de la provincia por creer, erróneamente, que estas antiguas esculturas zoomorfas eran símbolos de ignominia colocados por orden del rey Carlos I, en las poblaciones que se habían levantado, contra él, durante las Comunidades de Castilla. Esta medida también afectó al conocido como verraco del puente o toro de Salamanca.

En el bienio 1851-1852, Juan de los Santos Méndez, gobernador civil de Salamanca, proyectó la eliminación de las almenas del puente romano de Salamanca.

Durante los años posteriores, tal proyecto de eliminación de las almenas del puente no fue ejecutado, ya que, sucesivamente, en agosto, septiembre y octubre del año 1867, la Comisión Provincial de Monumentos denunció la destrucción de una de las almenas ante el Ayuntamiento de Salamanca. Por carta, fechada el 4 de noviembre de 1867, el alcalde de Salamanca comunicaba a Carlos Frontaura, presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, que el Ayuntamiento había tomado las medidas oportunas, ordenando la vigilancia del puente al inspector de arbitrios y a la Guardia municipal, para que no se volvieran a producir actos como el indicado, que el alcalde no vacilaba ya entonces en calificar de vandálico. Sin embargo, el Ayuntamiento no se hacía responsable de la reparación de los desperfectos y daños causados en el puente, que formaba parte de la carretera de Vigo y cuyo cuidado y preservación, por este motivo, dependía de la Dirección General de Caminos. Este incidente demuestra la preocupación que, por la conservación del antiguo puente romano, remodelado en tiempos de Felipe II, tras la anexión de Portugal en 1580, mostraba la Comisión Provincial de Monumentos de la época.

En este contexto de reparación de las almenas del puente romano, nueve meses antes, el 18 de febrero de 1867, la Comisión Provincial de Monumentos se había dirigido al alcalde de Salamanca, para solicitar la autorización que le permitiese extraer del sitio donde se encontraba, medio enterrado, bajo uno de los arcos del puente sobre el río Tormes, los restos del toro de piedra del puente romano, también conocido como Puente Mayor, para trasladarlos y exponerlos al público en las dependencias del Museo Provincial. La Comisión solicitaba que los restos del toro fuesen rescatados y conservados en el Museo Provincial,

como honroso testimonio de la antigüedad de esta Ciudad y del soberbio puente que, en el Tormes, se mantiene todavía. Al fi n, aquella piedra tiene una historia tan larga y tan gloriosa como el puente mismo, […] y ha servido, probablemente, de origen a las armas que usa Salamanca.

Cinco días más tarde, el 23 de febrero, el Ayuntamiento autorizaba a la Comisión a extraer los restos del toro de piedra que se encontraba bajo el puente romano, y a trasladarlos y exponerlos al público en las dependencias del Museo Provincial.

En abril de 1867, el gobernador civil ordenaba facilitar, al ingeniero jefe de obras públicas de la provincia,

los medios de extracción de los restos citados, no impidiendo que se efectuase, una vez que la Comisión de Monumentos se comprometía a costear los trabajos necesarios y dejar el pretil en el mismo estado en que se hallaba.

A finales de mayo de 1867, el ingeniero jefe de obras públicas comunicaba al presidente de la Comisión que había ordenado al ayudante, encargado de la carretera de primer orden, de Villacastín a Vigo, en la que se encontraba el puente, que facilitase las excavaciones de la Comisión y la extracción del verraco.

Contando con la autorización administrativa pertinente para poder realizar la excavación y las obras en el puente romano, y finalizadas ya éstas, la Comisión Provincial de Monumentos se encontró con un problema: no daba con el vehículo adecuado que permitiera trasladar el verraco, desde el puente romano hasta el convento de San Esteban, entonces sede del Museo Provincial de Bellas Artes de Salamanca. Los carros, ante el peso del toro de piedra, no ofrecían la resistencia necesaria. Por eso, el 6 de junio, la Comisión se puso en contacto con un particular, llamado Mariano de Solís, para que este ciudadano le prestase un carro de su propiedad, que, al parecer, era el indicado para realizar este traslado. En el caso de que ocurriese alguna eventualidad, la Comisión le aseguraba, a Mariano de Solís, que el carro le sería abonado.

Pasaron tres años hasta que Mariano de Solís contestó a la Comisión. Una desgracia familiar le había impedido contestar antes. A principios del mes de junio de 1870, Mariano de Solís puso a disposición de la misma y sin admitir ninguna clase de remuneración por parte de la Comisión, un camión o un carro de varas, con tiro de mulas hasta ocho, a prueba, los dos, de cualquier peso. Al poco tiempo, la Comisión, agradeciendo el ofrecimiento de Mariano de Solís, le comunicaba a éste que los operarios, con los útiles y herramientas correspondientes, le esperaban en el puente romano, a la hora que él fi jara, el lunes 17 de junio de 1870. La Comisión tenía todo preparado —había tenido que esperar tres años este momento— para que el verraco fuese cargado y trasladado inmediatamente al Museo Provincial. El verraco del puente romano fue el primer objeto arqueológico en ingresar en el Museo Provincial de Bellas Artes de Salamanca, el 17 de junio de 1870.

Había un serio problema. En septiembre de 1868, el ministro de Fomento había comunicado al director general de Instrucción Pública y a Felipe Nasarre, gobernador civil de Salamanca, que, atendiendo a las razones expuestas por el director del Museo Arqueológico Nacional, por Real Orden,

todos los objetos que se descubrieren en las excavaciones, realizadas con fondos del Estado, sean considerados como propiedad de la nación y remitidos al Museo Arqueológico Nacional, así como deben pertenecer a los provinciales existentes, o que en lo sucesivo se crearen, los objetos descubiertos en excavaciones costeadas por la provincia o municipio.

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